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ATER y un extranjero en litigio por 5 millones de pesos por los impuestos de un campo


El Estado entrerriano intenta cobrar lo que considera deudas impagas del campo “Las Cabezas”, de 18 mil hectáreas, que tenía una exención del cien por ciento del Impuesto Inmobiliario Rural por haber tomado el compromiso en 2009 de sistematizar el suelo a través de terrazas, para evitar erosiones, según dispone la ley de 1989. El Estado apelará la sentencia en los próximos días.

ATER

Todo indica que un largo proceso judicial se está desovillando por estos días, pero aún se encuentra en su umbral y es difícil determinar dónde terminará y, especialmente, quién será el ganador. Se trata del expediente número 5634 que se tramita por ahora en el Juzgado Civil y Comercial de Gualeguay, a cargo de la jueza Teresita Ferreyra, y que en su carátula define su naturaleza: Administradora Tributaria de la Pcia. De E.R. (ATER) C/ Entre Ríos S.A. S/ Apremio. En él ya se acumulan fojas de una controversia que comenzó en 2009 y que, a casi cinco años vista ha acumulado un total de cinco millones de pesos en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural que el Estado quiere cobrar y que el propietario se niega a pagar, ambos con argumentos que hasta ahora han avanzado en una causa que acaba de tener un reciente fallo y con una de las partes amenazando con la apelación.

Quizá convenga comenzar por el principio en el relato para que los hechos se vayan concatenando y adquieran sentido en su devenir.

Todo comenzó cuando “el italiano Raúl Giardini llegó a Gualeguay como socio y yerno de Serafino Ferruzzi, que tenían el segundo emporio en su país luego de la Fiat. Giardini compró la estancia Las Cabezas, considerado uno de los campos más espectaculares del país” –según consigna El Heraldo- y en 2009, a través de administrador local, Pedro Alfredo Carreras, presentan una carpeta para lograr la eximición del Impuesto Inmobiliario Rural para el establecimiento de más de 18.000 hectáreas en virtud de que “se comprometían a sistematizar el campo a través de terrazas”.

Este mecanismo es legítimo y está previsto en la Ley de Suelos que data de 1989 –pionera e innovadora en el país- y que buscaba evitar las erosiones de la tierra por los naturales accidentes geográficos con forma de cuchilla y de esa forma darle sustentabilidad a la tierra y a la producción agrícola.

En un momento determinado, según prescribe ante EL DIARIO Federico Borrás, abogado de ATER, el Estado advierte que el principal contribuyente del departamento estaba exento de la totalidad del impuesto inmobiliario. Decide pues averiguar el motivo.

Allí se solicita desde el ente impositivo provincial informes al área de Recursos Naturales del Ministerio de Producción –autoridad de aplicación de la ley aunque con la reforma en 2012 de la Ley 10.183 se puso un tope del 35%- quien decide realizar una inspección sobre el campo para corroborar que las obras que se habían comprometido un año atrás se habían ejecutado.

Al llegar al lugar, el 11 de mayo de 2010, “el establecimiento de su mandante fue inspeccionado, constatándose que no se encontraba concluida la totalidad de las tareas comprometidas, justificando ello por las abundantes lluvias de la época, agregando que por ello fue concedido un plazo de 90 días para la conclusión de las obras y presentación del plano original”, según reza el expediente, donde se puede leer que el límite se había ubicado en noviembre de 2009.

Según el relato de ATER, las obras brillaban por su ausencia y no había ninguna evidencia de su concreción. De este modo, Producción revoca la “eximición del 100% del impuesto”, lo que habilita al ente recaudador a iniciar un proceso legal de apremio para que Las Cabezas abone con retroactividad los impuestos impagos. La suma, según la versión oficial, llega a los 5 millones de pesos. Sin embargo, otros hechos intervienen que le dan mayor complejidad al asunto. Hoy –si la presunción de ATER se confirma- Las Cabezas es el principal deudor de Inmobiliario Rural de la provincia. Aunque para dar fe plena de eso aún resta un tiempo legal.

Detalles

Es allí que el empresario italiano, contra esa resolución, interpone un recurso de apelación jerárquica ante Recursos Naturales del Ministerio de Producción, cuyo titular de la Cartera, Roberto Schunk, rechaza de plano.

Paso seguido, los abogados de Giardini vuelven a la carga con otro recurso similar, pero esta vez ante el Poder Ejecutivo. Dos años a esta parte el Gobierno todavía no se ha expedido al respecto, lo que termina siendo clave dentro del proceso judicial ya que los argumentos privados anclan precisamente en que hay una acción administrativa inconclusa y que esto funciona como una especie de amparo administrativo, y por tanto no deben pagar hasta que no se resuelva la cuestión de fondo.

Para el Estado no es así. “La vía de la recursiva llega hasta el gobernador, pero al no estar aún resuelto y al no pagar el impuesto nosotros entendemos que es una denegación tácita. Podría aplicarse el principio del Solve et repete (pague y después reclame), llegado el caso. Pero el recurso de apelación jerárquica no tiene efecto suspensivo, para ello el gobernador debe sacar una especie de cautelar administrativa, es como decir: mientras yo resuelva esto, no hagan nada. Tiene atributos para hacerlo pero no lo ha hecho”.

Es decir, en boca del abogado de ATER, que el acto es plenamente ejecutable por una razón de sentido común basado en la presunción de legitimidad que tienen los actos administrativos de ser ejecutables. “Porque si no cualquier decisión se paralizaría y la administración no funcionaría”, sentencia Borrás.

En buen romance, la disyuntiva es clara: mientras desde Las Cabezas dicen que mientras el gobernador no resuelva y se mantenga el recurso elevado no hay que pagar; desde ATER, en tanto, argumentan que el recurso interpuesto no es suspensivo, es decir que no los exime de pagar aun cuando el Poder Ejecutivo no lo resuelva y que la deuda es plenamente ejecutable. Tiene razón, pero marche preso.

Decisiones

Es aquí donde aparece la Justicia para dirimir, al menos en esta etapa. La jueza Ferreyra entendió que los argumentos de los abogados de la estancia son atendibles.

Por tanto los da por buenos y los toma como válidos, asistiendo con la razón a Las Cabezas, lo que genera malestar en los abogados del Estado, y los anima a apelar la medida.

Esto sucedió el 23 de diciembre pasado, y Borrás considera que el fallo no se ajusta a derecho, y confirma que en breve se realizará la apelación ante la Cámara de Gualeguaychú, ya que en Gualeguay no existe esta instancia.

“La jueza utiliza argumentos similares a los que interponen los abogados de la estancia, y los hace suyos, ya que ellos reconocen que las obras no estaban hechas al momento de la inspección, pero que las hicieron en 2012, y que ese año estuvieron terminadas. Dicen también que no tenían un plazo exigible a pesar que del expediente surge que tenían que haberlas terminado en noviembre de 2009. En 2010, cuando se hizo la inspección no estaban. Para ello, al estar concluida las obras, el acto se tornaría abstracto. Pero aquí no es relevante cuándo se hicieron, en el caso que se hayan hecho porque no hubo una inspección posterior. Estamos hablando de la conservación de suelos, porque precisamente el beneficio está dado por una inversión y una práctica de conservación del suelo. En un proceso de ejecución no se discute la causa de la ejecución”, concluye el abogado Federico Borrás.

El asunto recién comienza y para la ATER no es menor ya que lo definen como un leading case, y al ser tan grande podría convertirse en una piedra en el zapato y están dispuestos a dar la pelea legal en todos los ámbitos.

(APFDigital)

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