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Casaretto: “Las empresas de televisión por cable deberán pagar ingresos brutos porque no abonaban nada”


El director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto confirmó que dentro del proyecto de reforma tributaria -que esta discutiendo con el Poder Legislativo- se contempla la inclusión de un impuesto por ingresos brutos de un 2% a aquellas empresas de televisión por cable que operan en Entre Ríos, las cuales hasta el momento no pagan impuestos provinciales. En diálogo con Diario Río Uruguay, Casaretto explicó que estas compañías monopólicas “no pagan absolutamente nada, aunque son empresas grandes de mucho capital y que nos facturan a los usuarios por cable e internet”. Sobre los motivos que permitían este privilegio señaló que “argumentos siempre sobran desde cada sector, para pedir no pagar o pedir tener una carga impositiva reducida”. Asimismo se refirió a los puntos que más discusiones han generado en las reuniones con legisladores, afirmando que “nosotros somos peronistas, entonces a veces hacemos ruido y parece que nos estamos peleando, pero como decía el general en realidad nos estamos multiplicando”.

Marcelo Casaretto ATER

El proyecto de Reforma Tributaria que impulsa en gobierno provincial modifica los artículos 49, 51, 62 y 71. Y además el 75 y el 128, al tiempo que establece el pago de impuestos para las empresas de televisión por cable. “Uno puede tener consideración con lo que es un medio de comunicación gratuito como la radio, que genera información y que cualquiera lo puede sintonizar y no abonar nada, pero con el sistema de cable la gente está pagando un abono que en muchas veces ronda los $100 o $200”, afirmó Casaretto.

Otro de los ejes de esta nueva ley es la suba de la alícuota general para telefonía fija y telefonía celular. Sobre ello consideró que son “oligopolios de sólo tres empresas que tienen a cargo todo el servicio en nuestro país y vemos que todos los meses aumentan el abono”, recargando los planes de pagos de los usuarios. Así mismo apuntó que es por eso que consideraban desde la ATER “que es un sector con grandes ganancias y que tiene una capacidad contributiva como para afrontar una carga adicional”. Así la alícuota es de un 6%, buscando imitar a provincias vecinas como Buenos Aires o Santa Fe.

Concesionarias

El funcionario aprovechó la oportunidad para explicar también sobre este impuesto a los sellos que se busca comenzar a implementar a las empresas de venta de automóviles. Así es que confío que “con los vehículos usados no hay problemas, sino con los autos cero kilómetros. Nos encontramos con que hay agencias oficiales que tienen actividad en la provincia pagando impuestos a nivel municipal, provincial con empleados y que compiten directamente con empresas que aseguran vender únicamente autos usados, pero que en realidad también venden cero kilómetros”.

Casaretto amplio la idea subrayando que “algunas ni siquiera están inscriptas y hasta aparecen vendiendo ese cero kilómetro en Concordia, pero en la declaración jurada de esa agencia la venta se factura en otra parte y a nombre de un fulano de tal en nuestra provincia”. Entonces desde la ATER se pensó en una carga al impuesto a los sellos para los vehículos sin uso que se ubicará en torno al valor del automóvil, logrando así que sea facturado dentro de la provincia. “Ya que las agencias no están pagando nada y cobrando en negro esa comisión”, afirmó el director.

Terrenos baldíos

En la búsqueda de un mejor aprovechamiento de los terrenos baldíos claves dentro de las ciudades entrerrianas es que se busca que una carga impositiva adicional para los dueños de esas tierras, intentando así generar que esos espacios sean utilizados para la construcción de viviendas, empresas u comercios. “No tenemos aspiración de recaudar más, sino que las tierras que están disponibles en zonas urbanas se construyan, porque vemos que hay gente que tiene grandes capitales, compra terrenos, pasan los años y lo tiene como reserva de valor sin ocuparlo, impidiendo así el crecimiento de nuestras ciudades por estar rodeadas de estos terrenos” detalló Casaretto.

Los terrenos con una base de 250 metros cuadrados comenzarían a abonar un 20% adicional del impuesto inmobiliario, llegando esta cifra a trepar hasta el 100% en el caso de aquellos titulares que posean más de 2.000 metros cuadrados en zonas urbanas, dentro de alguna ciudad.

Sin subas a la Industria y al agro

Sobre el final de la entrevista, Casaretto puntualizó que desde el gobierno provincial se sostiene la importancia de resguardar al sector industrial entrerriano, “como receptor de inversiones y generador de empleo” y es entonces que por el momento, “consideramos que no es conveniente avanzar con nuevos impuestos sobre el sector, pero aceptamos positivamente que la CTA acerquen propuestas, porque si no es esta vez, será la próxima que lo podamos discutir en la Legislatura”. Mientras que con respecto a las producciones primarias agropecuarias, Casarettó señaló que en caso de aplicarse el pago de Ingresos Brutos a ese sector “el impacto sería de aproximadamente $140 millones anuales”, mientras que el gobierno ya realizó “una adecuación del impuesto inmobiliario rural que significó un aumento en la carga por encima de $400 millones al sector”. Concluyendo en que “la adecuación del inmobiliario rural significo el triple de lo que plantean entidades como la CTA por el tema de ingresos brutos”.

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