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Procesaron a Orduna por administración fraudulenta en la Cancillería


El juez federal Ariel Lijo dictó procesamiento y embargos a un grupo de funcionarios de la Cancillería, entre ellos a Hernán Dario Orduna, por el delito de “administración fraudulenta”, en el marco de la investigación por supuestos sobreprecios vinculada a una licitación pública en 2010 en el marco de la XX Cumbre Iberoamericana.

Hernan Dario Orduna

En la oportunidad se habría llegado a pagar por el alquiler de cada notebook la suma de $6.500; siendo que el valor de mercado para su compra se estima en $2.500. El valor total de la cuestionada licitación que es investigada por la Justicia fue cercano a los 7 millones de pesos.

Si bien la resolución de la licitación que se otorgó a la sospechada empresa Punto Baires S.A., no fue firmada por Orduna, el ex-vicegobernador y ex-Intendente de Concordia fue procesado por el rol que ocupaba en ese momento en la estructura de Cancillería.

En la causa “Orduna, Hernán Darío y otros s/incumplimiento de los deberes de funcionario público” que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4, el juez resolvió dictar procesamiento sin prisión preventiva para 8 funcionarios de la Cancillería, por considerarlos co-autores penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Orduna recibió, además, un embargo de 3 millones de pesos sobre sus bienes.

Los otros procesados son Javier Jaureguiberri, titular de la Dirección de Compras de la Cancillería; Cecilia Bruno, a cargo de la Dirección General de Administración de esa cartera; Carlos López Varela, miembro de la Comisión Evaluadora de la Cancillería y María Mercedes Buratovich, titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Asimismo, se decretó el procesamiento de Diego de Elías, de la empresa Punto Baires; Carlos González, de la Compañía Audiovisual y Edgardo Pelliza, de la empresa AVR; por considerarlos co-autores penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

Se dictó la falta de mérito de Juan Valle Raleigh, director general de Política Latinoamericana y de Carlos de Elías, de Punto Baires.

En la misma causa, se resolvió el sobreseimiento de Víctor Cipolla, miembro de la Comisión Evaluadora de la Cancillería y Esteban de Elías, de la empresa AVR. En los casos de los procesamientos se trabaron embargos por tres millones de pesos teniendo en cuenta el perjuicio causado al estado por el hecho.

fuente: PaginaPolitica.com.ar y AnálisisDigital.com.ar

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