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Repudio a las amenazas a Minatta y Román: testigos en los Juicios por delito de Lesa Humanidad


Familiares de detenidos-desaparecidos y ex presos políticos de la ciudad de Concordia junto a la Delegación Regional Concordia de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Oficina Municipal de Derechos Humanos, expresaron su repudio al atentado que sufrieron César Román y Roque Minatta, víctimas y testigos en la causa por delitos de Lesa Humanidad denominada Causa Harguindeguy, que se está desarrollando en el Juzgado Federal de Paraná.

La semana pasada, un día antes de que los jueces del Juicio lleguen a la ciudad de Concepción del Uruguay para recorrer las instalaciones de la Policía Federal, la casa del ex-subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Roque Minatta, amaneció con una pintada en la que se leía, textual: “Minatta / Román surdos son boletas”.

Minata Roman surdos son boleta

En julio de 1976, César Román, Roque Minatta y otros adolescentes integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) fueron secuestrados de sus casas por la Policia Federal en Concepción del Uruguay y salvajemente torturados.

“Nos solidarizamos con quienes nuevamente son víctimas y convocamos a todos los ciudadanos a repudiar estos actos de violencia”, enfatizaron desde Concordia los familiares de detenidos-desaparecidos y ex presos políticos, haciendo público su acompañamiento y apoyo a Minatta y a Román ante este ataque y amenzada sufrido.

En este sentido, los organismos de derechos humanos de Concordia recordaron que “las víctimas del Terrorismo de Estado, que se presentan como testigos en los juicios por delitos de Lesa Humanidad que se vienen desarrollando en el país, son muchas veces amenazadas desde el anonimato, práctica común a los genocidas, llegando a su punto máximo con el secuestro del testigo Julio López en la ciudad de La Plata el 18 de septiembre de 2006 y con el  asesinato de 17 puñaladas a la testigo Silvia Zuppo en la ciudad de Rafaela, Santa Fé, el 29 de marzo de 2010. Ambos eran testigos claves para la condena a represores”.

“Los juicios a quienes actuaron durante la dictadura cívico-militar otorga a los imputados el derecho a defensa, derecho del que fueron privados nuestros familiares”, agregaron, y concluyeron: “Estos juicios por delitos de Lesa Humanidad permitirán conocer la verdad y que se logre la Justicia esperada por más de 35 años”.

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