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Respaldo al cumplimiento de la Ley Nacional de Medios de Comunicación Audiovisual


El Secretario de Gestión Participativa y Desarrollo Local, Edgardo Kueider, participó en representación de la Municipalidad de Concordia, de la reunión del Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales de Entre Ríos, que se realizó el pasado martes en la ciudad de Gualeguaychú.

Edgardo Kueider

En el encuentro, se resolvió emitir un documento en respaldo al “7D” y la plena vigencia de la Ley Nacional de Medios de Comunicación Audiovisual. La reunión fue presidida por el Ministro de Cultura y Comunicación de la provincia, Pedro Baez, y participaron representantes de Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Concordia, Federación; delegados de los sindicatos de Televisión, Prensa y de Espectáculos Públicos, la Asociación Entrerriana de Televisión, la ONG Barriletes, el Consejo Provincial del Niño, el adolescente y la Familia y el Consejo General de Educación; Universidad Nacional de Entre Ríos y UADER, el Foro Popular de la Comunicación, La Asociación de Profesionales Universitarios de la Comunicación (APUC) y la Unión Árabe.

A continuación transcribimos textual el documento final que resolvió el encuentro:

POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY NACIONAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA DEMOCRACIA

Costó mucho recuperar la democracia como sistema de organización político-social cuyo basamento es que la titularidad del poder reside en el conjunto del pueblo.

Es el derecho a elegir a los gobiernos, a la división constitucional del poder, a los mecanismos de control, al de crear asociaciones, es una forma de convivencia social.

En una democracia plena hay participación real en los procesos de deliberación y en la toma de decisiones, para lo cual tenemos el derecho de expresar nuestras opiniones.

La relación entre medios y democracia consiste en que la información es la base de todo proceso democrático. Diego Valadés dice: “todo proceso democrático es un proceso comunicativo”.

Y siendo la democracia el resultado de procesos deliberativos y toda deliberación “supone la modificación endógena de las preferencias a través de la comunicación” es imprescindible que

haya tanto libertad de expresión para evitar censura de los gobiernos como hace falta la igualdad de la palabra para evitar la censura y/o apropiación de la palabra por los mercados.

No son democráticos ni la manipulación, ni los ocultamientos, ni la fijación de agendas según intereses privados, ni la concentración de la propiedad de los medios (que además están ligados a los grandes grupos económicos) ni la centralización de los contenidos.

La información es un insumo y, al mismo tiempo, un requisito de la democracia ya que si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia.

El derecho a la comunicación es un derecho ciudadano, que les asiste a todos por esa sola condición y corresponde al Estado garantizar que así sea. Los ciudadanos no pueden ser considerados como consumidores de mensajes, sino como partícipes (emisores y perceptores) de los procesos comunicacionales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 5/85 manifiesta: “Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable la pluralidad de medios y la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera fuera la forma que pretenda adoptar”.

Por esto participamos de su debate, aportamos a su enriquecimiento y apoyamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y para el cumplimiento del objetivo de la comunicación como un derecho, conformamos el Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales.

EL ACCIONAR DEL GRUPO CLARIN

Tras un extenso debate y con una participación popular inédita que incorporó cientos de propuestas, la ley 26522 fue aprobada por amplia mayoría -no sólo por el oficialismo- en el

Congreso Nacional el 10/10/2009.

Desde aquella gestación el Grupo Clarín usó todas las armas para que no se concretara. Campañas de desprestigio, de deliberada tergiversación, de terrorismo mediático, incluso llegaron a plantear una medida cautelar de no innovar para “suspender el tratamiento legislativo del proyecto de ley” ¡! (SIC)

Pero no lograron torcer la voluntad popular y la ley se votó.

Nueve meses se frenó toda la ley por medidas cautelares y hasta hoy no se pudo aplicar el art. 161 de adecuación en la cantidad máxima de licencias permitidas por la norma.

De las 5000 licencias de servicios audiovisuales que hay en nuestro país, 4.500 se distribuyen entre 2.500 titulares que están dentro de la ley, 250 pertenecen a 25 grupos, 2 empresarios que ya comenzaron el proceso para adecuarse a la ley y 250 están en manos de un solo grupo, (o sea, muchísimo más de lo que la ley permite) y no acepta adecuarse.

Para ello viene interponiendo recursos judiciales y por supuesto que en democracia se tiene derecho a cuestionar una norma y a recurrir al Poder Judicial.

¿Pero es un derecho accionar con maniobras espurias?

Una medida cautelar que contraria a derecho y la lógica razón porque no se debe anticipar la solución de fondo y que se extendía “sine die” hasta que la intervención de la Corte Suprema puso el límite del 07 de diciembre. Dando certeza sobre el cómputo correcto del plazo de adecuación.

Es importante remarcar que la Corte dejó en claro que no se demostró afectación alguna a la libertad de expresión.

Manipulaciones para impedir que se designen jueces naturales y promover la designación de jueces jubilados que viajaron a Miami pagos por Clarín.

Spots televisivos mentirosos, como el que menciona que el diario Clarín puede desaparecer, cuando esta ley no regula la prensa escrita o aludiendo a la facultad de elegir, cuando por esencia la práctica monopólica es el cercenamiento de otras opciones.

Pidieron una nueva extensión de la medida cautelar, lo que la Corte Suprema acaba de rechazar.

Ahora, en su desesperación y creyéndose impune, llegó a un extremo de falta de ética más grave aún para quién se dice adalid del “periodismo independiente”, lo que es totalmente repudiable.

El diario La Nación lo dice sin tapujos: “Clarín denunció a funcionarios y señaló a periodistas por “incitación a la violencia “. Es por dichos públicos en los que acusaron al grupo de “atentar contra la democracia”; “Nombramos a periodistas como propagadores”, especificó el abogado de Clarín.”

Las palabras que eligieron no son inocentes: “señalar” a alguien y “propagadores” es el lenguaje de sus socios de la dictadura oligárquica del ‘76 en Papel Prensa.

Seguramente su próximo paso será el de asustar a sus trabajadores agitando el fantasma de la desocupación, por lo que ratificamos nuestro apoyo al convenio marco firmado por SATsaid para la preservación de la fuente laboral.

EL CAMINO A SEGUIR

Por ello, más allá de las cuestiones jurídicas, el 07 de diciembre próximo adquiere una importancia institucional excepcional. Las corporaciones no pueden estar por encima de las instituciones democráticas y la soberanía del pueblo.

El Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales manifiesta que además de la obligación del Estado Nacional –con sus tres Poderes- de hacer cumplir la ley en su integridad, la

sociedad toda debe exigir respeto por la democracia ya que las leyes son para todos, sin excepciones ni privilegios.

En este sentido, consideramos no perder de vista a los grupos que concentran medios en nuestro territorio entrerriano que cierra la posibilidad de un espectro variado y diverso, que también deben adecuarse.

No es cuestión de alineamientos con el Gobierno. Se trata de defender el funcionamiento de la democracia que tanto nos costó recuperar. De eso se trata, ni más ni menos.

Declaración del Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales. Gualeguaychú, 27 de noviembre de 2012.

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