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Respecto al “Protocolo Bullrich”


Columna de Opinión – Por Dr. Francisco A. Amadío

Francisco Amadio

Días pasados el Consejo de Seguridad Interior (CSI) del Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó el “Protocolo de Actuación en Manifestaciones Públicas”. Esencialmente es una guía de actuación de las fuerzas del Estado en materia de seguridad al momento en que una persona o grupo de personas participe de un reclamo –espontáneo u organizado previamente- mediante corte de calles, rutas y medios de transporte como método de protesta.

Claro está que el respeto al ejercicio de los derechos de los ciudadanos de la Nación no debe menguarse sino tutelarse, como así también encausarse razonable, prudente y equilibradamente cuando dicho ejercicio se potencie de manera tal que se constituya en una acción desbordada, abusiva, delictual.

Estamos de acuerdo que reclamar y transitar (ambos) son derechos que tienen respaldo constitucional, mas es inadmisible que la ejecución del reclamo se refleje en la realidad de los hechos como una afrenta efectiva al tránsito, como un entorpecimiento voluntario, adrede, al normal traslado o auto-traslado de personas que desde cualquier punto se movilicen para trabajar, estudiar, asistir a centros médicos, de visita, proveer al comercio o simplemente por esparcimiento.

En este sentido, el “Protocolo de Actuación en Manifestaciones Públicas” viene a intentar plantear un equilibrio razonable entre ambos derechos, por un lado admite las manifestaciones dentro de un marco de contención, de seguridad, y por otro lado admite el desarrollo del derecho a transportarse sin restricciones o alteraciones respecto de las personas ajenas al reclamo o protesta.

Así las cosas, ambos derechos (reclamar y transitar) se pueden desarrollar dentro de un marco de regularidad, y esa regularidad es la que precisamente ampara la ley, cualquier acción fuera de los límites impuestos por la legislación no hace más que constituirse en delito o contravención y la torna merecedora de su sanción correspondiente. Es evidente que de ningún modo es admisible que el resguardo del reclamo implique la comisión de hechos ilícitos por parte de las Fuerzas de Seguridad al momento de afrontar la situación en la vía pública, ello significaría una falta o delito merecedor de sanción o pena según sea el caso; en este sentido hay uniformidad de criterios. Sólo un adecuado accionar por parte de reclamantes y fuerzas públicas permitirá el desenvolvimiento normal y natural de los derechos que la ley tutela.

Si llegado el caso, en algún momento debiéramos protestar por la razón que fuere lo haríamos sin lesionar derechos de terceros; no quisiéramos que tal derecho a reclamar se viera entorpecido o alterado, por lo tanto, si no entorpecemos el derecho de terceros a reclamar es justo que no se vulnere tampoco nuestro derecho a transitar: ese es el equilibrio que da esencia a la legislación y que debe volcarse necesariamente en la realidad de los hechos diarios para lograr la paz social y la armonía en el ejercicio de acciones a favor de toda la población de la República Argentina. Sin más rodeos viene a significar también la igualdad que ante la ley, la Constitución Nacional prevé, por cuanto no se debe hacer lugar al exceso mediante omisión de accionar en beneficio de partes sino todo lo contrario, hay que intervenir, debe abrirse espacio al ejercicio “regular” de derechos lo que neutralizará -en lo inmediato- la ilegitimidad del acto lesivo en beneficio de todos los ciudadanos.

Dr. Francisco A. Amadío
Director de Seguridad Ciudadana
Municipalidad de Concordia

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